Obligatorio registrar los pisos turísticos desde el 1 de julio
A partir del 1 de julio, todos los propietarios de viviendas de uso turístico o de temporada deberán inscribirse en un nuevo registro digital, creado por el Real Decreto 1312/2024. Este sistema forma parte de una estrategia europea para regular los alquileres de corta duración, en línea con el Reglamento (UE) 2024/1028, y pretende aportar más transparencia al mercado inmobiliario.
El registro se gestiona a través del Colegio de Registradores, y para obtener el número identificativo es necesario aportar documentación detallada como la referencia catastral, dirección exacta, modelo de alquiler, capacidad del alojamiento y acreditación del cumplimiento normativo según cada comunidad autónoma.
¿Qué implica tener el número de registro turístico?
Una vez aprobada la solicitud, el propietario recibe un código identificador único, que deberá mostrarse de forma visible en las plataformas donde se anuncie el alojamiento. Este requisito busca reducir el fraude en el alquiler vacacional y garantizar que las propiedades estén debidamente regularizadas.
Según el Ministerio de Vivienda, este sistema busca dar respuesta al “complejo panorama” del mercado de alquiler, promoviendo un entorno más claro tanto para arrendadores como para usuarios.
¿Balance actual de solicitudes y provincias más activas?
Hasta el 27 de junio, ya se han gestionado casi 200.000 solicitudes. De ellas, más del 83% han sido aprobadas, con Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona liderando el volumen de registros. Solo en el último mes, se han presentado más de 125.000 nuevas peticiones, lo que refleja el fuerte impacto que ha tenido esta regulación en el sector.
A pesar de que el registro será obligatorio desde julio, se podrá seguir solicitando después de esa fecha. No obstante, quienes no cuenten con las licencias o declaraciones exigidas no recibirán el número de registro.
¿Las plataformas también tendrán nuevas obligaciones?
Portales como Airbnb o Booking deberán remitir cada mes a la ventanilla digital de arrendamientos datos detallados de cada anuncio: número de registro, dirección del inmueble, y enlaces a sus publicaciones. Las plataformas más pequeñas podrán hacerlo trimestralmente, pero siempre en los 15 días naturales siguientes al cierre del periodo.
¿Críticas políticas y empresariales al nuevo sistema?
La medida ha generado tensiones políticas, especialmente desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que denuncian falta de coordinación, improvisación y una invasión de competencias autonómicas. Solicitan una reunión urgente con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para aclarar los aspectos más controvertidos de la normativa.
Por otro lado, Fevitur, la patronal del alquiler turístico, advierte de que este nuevo marco legal podría dejar fuera al 70% de la oferta actual, lo que supondría unas pérdidas económicas de casi 14.000 millones de euros en solo seis meses. También cuestionan la validez de una normativa estatal sobre una materia que, según argumentan, está descentralizada en las autonomías.
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